El sector cinegético advierte de que imponer nuevas restricciones sin alternativas suficientemente probadas podría perjudicar a los cazadores, la industria armera y la gestión del medio rural
Los cazadores españoles han pedido al Gobierno central que se oponga a una prohibición generalizada de la munición de plomo y que defienda ante las instituciones europeas una postura basada en criterios científicos, técnicos y socioeconómicos.
El sector cinegético considera que las restricciones planteadas en el marco del Reglamento REACH avanzan sin que se hayan resuelto numerosas dudas sobre la seguridad, la eficacia y la viabilidad económica de los materiales propuestos como sustitutos.
Las organizaciones de cazadores no niegan la necesidad de estudiar y reducir cualquier posible impacto de la munición sobre el medio ambiente. Sin embargo, denuncian que las medidas europeas se están impulsando sin que se hayan presentado pruebas suficientemente concluyentes y aplicables a todas las modalidades de caza, tipos de terreno y armas utilizadas actualmente.
Uno de los principales puntos de conflicto es la falta de una alternativa universal al plomo. El acero, el bismuto, el tungsteno y otros materiales presentan características balísticas, económicas y técnicas diferentes, por lo que no pueden utilizarse de la misma manera en todas las armas.
Numerosas escopetas antiguas o fabricadas para determinadas presiones podrían no ser compatibles con algunos cartuchos de acero. Esta situación obligaría a muchos cazadores a modificar sus armas, someterlas a revisiones técnicas o sustituirlas por modelos más modernos.
El sector también reclama que se estudie adecuadamente el comportamiento de los materiales alternativos en el campo. Entre las principales preocupaciones se encuentran el riesgo de rebote, la pérdida de eficacia a determinadas distancias, la capacidad de penetración y las consecuencias que una munición inadecuada podría tener sobre el bienestar animal.
Una decisión con consecuencias económicas
Las organizaciones cinegéticas advierten de que una prohibición precipitada no afectaría únicamente a los usuarios de armas. Sus consecuencias alcanzarían también a fabricantes de munición, armerías, distribuidores, campos de tiro, talleres especializados y numerosos negocios rurales relacionados con la actividad.
Un estudio de la Federación Europea de Tiro Deportivo, elaborado a partir de más de 18.000 encuestas, señala que alrededor del 25 % de los cazadores podría abandonar la actividad ante una prohibición generalizada del plomo. Otro 30 % reduciría su participación debido al aumento de los costes y a las dificultades para adaptar sus armas.
Esta reducción podría tener una especial incidencia en las zonas rurales, donde la caza contribuye al mantenimiento de alojamientos, restaurantes, comercios, explotaciones agrícolas y empresas dedicadas a la gestión cinegética.
Los cazadores también recuerdan que su actividad desempeña un papel importante en el control de poblaciones de especies como el jabalí, el conejo o determinados ungulados. Una disminución del número de practicantes podría dificultar estas labores y aumentar los daños agrícolas, los accidentes de tráfico y algunos problemas sanitarios relacionados con la sobreabundancia de fauna.
El sector cuestiona los argumentos de la prohibición
Los organismos favorables a las restricciones sostienen que el plomo puede generar riesgos para la fauna y para la salud humana. Sin embargo, el sector cinegético denuncia que muchas de las cifras empleadas en el debate europeo se basan en estimaciones generales, modelos teóricos o estudios realizados en contextos que no siempre pueden trasladarse directamente a todas las modalidades de caza.
Los cazadores reclaman que los estudios utilizados para justificar la prohibición sean públicos, independientes, reproducibles y evaluados teniendo en cuenta las condiciones reales del terreno.
También piden que se diferencie claramente entre la caza desarrollada en humedales, donde ya existen restricciones específicas, y la practicada en montes, zonas agrícolas, campos de tiro y otros espacios con características completamente diferentes.
A juicio del sector, no resulta razonable aplicar una prohibición uniforme sin analizar la exposición real al plomo en cada escenario, la cantidad de munición utilizada, la recuperación de las piezas abatidas y las particularidades de cada territorio.
Críticas al Ministerio para la Transición Ecológica
Las organizaciones cinegéticas han criticado igualmente la posición mantenida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante la tramitación europea.
Consideran que el Ministerio no ha defendido suficientemente las aportaciones técnicas realizadas por los cazadores españoles y que tampoco se ha abierto un proceso de diálogo amplio con la industria armera, las federaciones, los expertos en balística y los gestores del territorio.
El sector reclama que España no respalde ninguna nueva restricción mientras no se garantice la existencia de alternativas seguras, eficaces, disponibles y económicamente asumibles.
También solicita que cualquier cambio normativo contemple periodos de adaptación amplios, ayudas para la sustitución de armas incompatibles y ensayos independientes sobre el funcionamiento de los distintos tipos de munición.
Una transición basada en pruebas, no en imposiciones
Los cazadores insisten en que el debate no debe plantearse como un enfrentamiento entre caza y conservación. Su petición es que las decisiones se adopten a partir de datos contrastados y no únicamente sobre previsiones o planteamientos políticos.
Cualquier modificación debería contar con la participación de cazadores, científicos, veterinarios, expertos en balística, fabricantes, armeros y administraciones públicas.
El sector considera especialmente importante que las pruebas analicen tanto el posible impacto ambiental como la seguridad de las personas, la eficacia de los disparos y el bienestar de los animales.
La posición de los cazadores españoles es clara: no se puede prohibir una munición utilizada durante décadas sin disponer previamente de una alternativa que ofrezca las mismas garantías técnicas y que pueda emplearse de manera segura en el conjunto de armas existentes.
Por ello, reclaman al Gobierno central que defienda ante Europa una transición razonable, respaldada por estudios independientes y adaptada a la realidad económica, social y cinegética de España.